Reforma de la PAC

El modelo propuesto por el Gobierno de Aragón para la próxima reforma de la PAC (Política Agrícola Común) ha sido aplicado “en laboratorio” por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de esta comunidad autónoma con unos resultados que el titular del mismo ha calificado de “satisfactorios” porque demuestran que, “más allá de su formulación teórica, el modelo funciona”.

Joaquín Olona ha explicado en la Casa de Aragón de Madrid, a la prensa especializada, que, con datos reales de los perceptores de ayudas de Aragón, se ha podido comprobar que el algoritmo que resume matemáticamente la propuesta corrige las principales deficiencias de la PAC actual.

De esta manera, se benefician más, por ejemplo, quienes más dependen de la agricultura y más contribuyen a su mejora. También aumenta muy significativamente el porcentaje de beneficiarios de máxima profesionalidad. La ayuda aplicada, por su parte, es mayor cuanto más negativa es la renta del perceptor (ahora existen rentas negativas que no se compensan) y se reduce progresivamente, hasta llegar a anularse en algunos casos, a medida que las rentas de los beneficiarios aumentan.

Todo esto contrasta, según el consejero, con la situación actual, en la que se compensan rentas que, sin subvención, ya son elevadas o muy elevadas; “además, esta compensación tiende a ser más elevada cuanto mayor es la renta”, ha denunciado Olona.

Por otra parte, en el actual sistema cerca de los dos tercios de los beneficiarios configuran un colectivo en el que la renta agraria es muy poco significativa en su renta total, o lo que es lo mismo: “personas que no dependen de la agricultura y que no aportan valor a la misma”. Este colectivo recibe un tercio de las ayudas, “una lluvia fina de miles de euros que en realidad no llegan al sector agrario y que están detrás de la ineficiencia de la PAC”, según el consejero aragonés.

Su propuesta, por otra parte, ha demostrado ser válida también para mejorar el equilibrio territorial, ya que la redistribución de las ayudas se traduce en un aumento de la subvención media por beneficiario del 27,41%, con un aumento mucho mayor en los territorios tradicionalmente más castigados.

“En definitiva –señala Olona- el modelo supone una redistribución de la ayuda entre beneficiarios basada en criterios objetivos como la profesionalidad, la dimensión económica de las explotaciones y la productividad, lo que contrasta con la actual política de primar unas producciones sobre otras, unos territorios sobre otros y unos agricultores sobre otros en base a unos criterios de difícil justificación e imposibles de explicar”.

Esta redistribución tiene una expresión concreta: con la PAC actual el mayor perceptor de ayudas recibe más de 800 000 euros; con el modelo propuesto, no llega a 150 000. “Y ello sin la necesidad de establecer expresamente un límite máximo, como se está diciendo estos días al hilo del documento de la Comisión Europea que ha sido filtrado”, añade el consejero.

Como resumen, Joaquín Olona indica además que con el modelo que propone aumenta el nivel de profesionalidad, productividad, dimensión económica y contribución ambiental de los beneficiarios. Quedan excluidos de las ayudas quienes presentan valores muy bajos o nulos, precisamente, en profesionalidad, productividad, y dimensión económica (el 21,52 % de los perceptores actuales). El 46,43 % de los beneficiarios actuales ven amentada su ayuda y el 53,57 % la ven reducida.

Preguntado por el problema social que podría suponer ese porcentaje de perceptores actuales que quedaría excluido de las ayudas, el titular de Agricultura de Aragón considera que no es en sí un problema, puesto que “no constituye el núcleo de nuestro sistema agrario ni contribuye a su desarrollo”. “Por otro lado –añade- en términos sociales tampoco es un problema porque estos beneficiarios perciben cantidades muy pequeñas cuyo impacto es mínimo en sus ingresos, que proceden de otras actividades y no de la agricultura”.

Cuestión de renta

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón presentó en 2016 una propuesta al Mapama (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y a la Comisión Europea una propuesta de reforma de la PAC en la que afirmaba que las ayudas basadas en los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva (estratos) debían que ser sustituidas por una compensación de la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que realicen y de su renta personal agraria declarada en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). “Lo que no tiene ninguna lógica –señaló entonces el consejero Olona- es que lo que nace como una compensación de la renta no tenga en cuenta la renta, como ocurre ahora”.

Para fijar esta nueva forma de compensación se planteaba establecer una renta agraria de referencia, de tal manera que los profesionales del campo que no la alcancen vean incrementados sus ingresos mediante ayudas públicas hasta completarla. “Para corregir las deficiencias de la PAC, el objetivo no debe ser equiparar las ayudas, como se pide en algunos ámbitos, sino equiparar las rentas mínimas para que no haya explotaciones familiares que, contando con una estructura adecuada, no puedan sobrevivir los fallos de mercado”, defiende.

La proposición incluía a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión y se modulaba mediante algunos factores correctores: grado de profesionalidad agraria, dimensión económica de la explotación y eficiencia productiva de la misma.

Todo esto suponía una modificación sustancial del enfoque del primer pilar de la PAC (ayudas directas a los agricultores y ganaderos) y se basaba en una asignación financiera para Estados y comunidades autónomas similar a la actual.

El planteamiento del Gobierno de Aragón tenía como objetivo principal terminar con la falta de equidad de la PAC actual y con los elementos que la convierten en una política ineficaz, que eran profusamente analizados en el documento.

En términos de equidad, la propuesta buscaba que no sean las rentas más altas las que más ayudas reciban. Y, en términos de eficacia, impedir que una buena parte de las subvenciones lleguen a beneficiarios cuya dependencia de la actividad agrícola y contribución a la misma es escasa o irrelevante.

Olona defiende, por lo tanto, que la renta se convierta en el elemento básico de referencia en torno al cual se deben implementar los mecanismos de compensación. “Si no se realiza esta compensación, se produce una transferencia de rentas desde los agricultores hacia el resto de la sociedad, dado que, por lo general, los precios pagados por los alimentos no cubren todos los gastos de producción”, afirma.

De la teoría a la práctica

En su formulación teórica, sometida durante estos meses al debate público y a la opinión de varios expertos, la propuesta aragonesa no ha sido rebatida de forma contundente, sino más bien valorada como una portación interesante y valiente.

No obstante, sí se ha dudado de su viabilidad práctica, por lo que, según ha indicado el consejero, “era necesario someterla al test de los datos reales para que dejara de ser una elucubración más o menos acertada”.

Esa es la prueba que se ha realizado ahora cruzando las declaraciones de IRPF y de la PAC de más del 70% de los beneficiarios aragoneses y con la que queda demostrado que el modelo es aplicable si existe la voluntad política de hacerlo.

En este sentido, Olona ha indicado que, al margen de las ayudas directas, los criterios que definen su propuesta ya están siendo puestos en práctica en Aragón en determinadas líneas de subvenciones buscando, precisamente, una mayor eficiencia de las mismas.

Es cierto, ha afirmado, que la prueba se limita al territorio aragonés, pero también ha recordado que Aragón tiene el típico modelo agrario de explotación familiar que caracteriza al conjunto del país y que es habitual, por otra parte, que la comunidad sea elegida por los estrategas de distintas disciplinas para poner en marcha experiencia piloto debido a que su población caracteriza a la población media española.

En todo caso, ha añadido, sería deseable poder aplicar la misma prueba en otros territorios o en el conjunto del Estado, pero “para ello necesitaríamos, lógicamente, la colaboración de otras administraciones”.

Factor medioambiental

Otro de los aspectos en los que ha avanzado la propuesta es la cuestión medioambiental, a la que en el anterior documento se hacía referencia, pero sin incluirla en la fórmula de cálculo de las compensaciones a la renta.

Ahora, aquellos agricultores y ganaderos que realizan prácticas agroambientales contrastables cuentan con una prima que multiplica su subvención por 1,5. Según el consejero Olona, esta integración del factor medioambiental responde a las críticas razonables que el modelo que defiende tuvo: “hemos visto que tenían razón y por ello hemos introducido como cuarto factor la contribución medioambiental”

Ventajas de la propuesta

La compensación directa de las rentas mediante la fórmula planteada permitiría:

- Incluir a todos los agricultores y ganaderos como beneficiarios de las ayudas.

- Orientar las subvenciones a los segmentos de beneficiarios más dependientes de la actividad agraria y más implicados en su desarrollo.

- Equiparar a todos los perceptores en derechos, acabando con desigualdades personales, territoriales, de orientación productiva o cualesquiera otras.

- Primar la buena gestión de las explotaciones.

- Mantener la capacidad financiera de Estados y comunidades autónomas.

- Introducir exigencias medioambientales con criterio y viabilidad agronómicos.

- Legitimar la política agraria por el valor intrínseco de la actividad agraria.

- Transformar la PAC de presupuesto sin política a política con presupuesto.

- Eliminar el exceso actual de burocracia