La promesa Incumplida de la PAC
En su momento, la Política Agraria Comunitaria realizó dos promesas. Una a los ciudadanos: alimentos abundantes, variados, sanos, seguros y fácilmente disponibles. Y la otra a los productores de esos alimentos: una renta digna y equiparable a la del resto de los europeos.
Muchas décadas después, la primera promesa es una realidad de la que disfrutamos todos. La segunda, sin embargo, sigue siendo eso, una promesa. Porque la renta de los agricultores y ganaderos de Europa continua siendo la mitad de la de sus conciudadanos. Un dato, este, publicado por la Comisión Europea.
En consecuencia, podemos deducir que la PAC no ha sido eficaz y que necesita una reforma. Pero… ¿una reforma más, un nuevo e ineficaz parcheo, o una reforma en profundidad?
Por otra parte, y en este caso basándonos en estudios realizados en Aragón, hemos podido concluir que el dinero público que distribuye la PAC se concentra en quienes más renta tienen, no solo renta total, sino incluso agraria. Una anomalía en una política pública que es urgente corregir.
Además, hemos concluido asimismo que el 70% de los beneficiarios de las ayudas acreditan rentas agrarias inferiores al 10% de su renta total, es decir, no viven de la agricultura.
Dos conclusiones que probablemente sonarán familiares en muchos otros territorios.
De lo que podemos deducir que la PAC, además de ineficaz, es injusta y necesita una reforma. Pero… ¿una reforma más, un nuevo e ineficaz parcheo, o una reforma en profundidad?
En el Gobierno de Aragón apostamos claramente por una reforma en profundidad que busque una política agraria más justa, más eficaz y, de paso, muchísimo más simple.
Nuestra propuesta
La propuesta de reforma de la PAC del Gobierno de Aragón pone el acento en la renta de agricultores y ganaderos bajo la premisa de que si es su renta lo que hay que compensar con las ayudas, será sobre la renta que perciben donde habrá que poner el foco.
En Este sentido, Aragón propone fijar una renta de referencia (unos ingresos mínimos que cualquier profesional del campo debería percibir) y compensar a los beneficiarios con la diferencia entre su renta agraria real (declarada en el IRPF) y la renta de referencia (concepto este que ya existe y en virtud del cual todos los años publica el Ministerio de Agricultura una cifra).
¿Todos los agricultores y ganaderos tendrían derecho a estas compensaciones? Sí, todos, pero con condiciones y correcciones. Las condiciones son de tipo medioambiental y social, es decir, dejarían fuera del derecho a recibir subvención de la PAC a aquellos que incumplieran determinadas prescripciones en favor del medioambiente y de la justicia social (contratación irregular de temporeros, por ejemplo).
Los factores correctores propuestos por el modelo son tres:
Profesionalidad. Mide por el porcentaje de ingresos agrarios sobre ingresos totales del beneficiario, de forma que su acceso a las ayudas es proporcional a este (cuanto mayor sea el porcentaje, mayor el derecho a subvención). Se prima de esta manera a quienes más dedicados están a la actividad agraria.
Dimensión. La dimensión económica de la explotación se establece comparando su potencial productivo con respecto a una producción estándar mínima establecida previamente. Se fomenta así el aumento de la dimensión económica de las explotaciones y se penaliza a las explotaciones inviables.
Eficiencia productiva. Se determina por la relación entre el valor de la producción obtenida y el valor del potencial productivo asignado previamente a la explotación. Esta variable castiga la ociosidad de los agricultores con explotaciones viables.
En definitiva, la propuesta universaliza las ayudas de la PAC haciéndolas llegar a todos los agricultores y ganaderos, pero penalizando a los que no viven de la agricultura, a los que mantienen explotaciones inviables y a los que no obtienen de sus explotaciones, por malas prácticas profesionales, todo el rendimiento posible.
Ventajas de la propuesta
La aplicación de una política agraria como la expresada tendría las siguientes ventajas:
- Incluir a todos los agricultores y ganaderos, independientemente del sector al que pertenezcan.
- Orientar las subvenciones a los segmentos más dependientes de la actividad agraria y más implicados en su desarrollo.
- Equiparar en derechos a todos los perceptores, acabando con desigualdades personales, territoriales, de orientación productiva o cualesquiera otras.
- Primar la buena gestión de las explotaciones.
- Introducir exigencias medioambientales o sociales con criterio y viabilidad agronómicos.
- Eliminar el exceso actual de burocracia.
- Legitimar la política agraria por el valor intrínseco de la actividad agraria.
- Transformar la PAC de presupuesto sin política a política con presupuesto.
- No exige encontrar una definición para el término “agricultor”.
- Concentra en una única la multitud de fórmulas que ahora apoyan, de forma incompleta, las rentas agrícolas.
- Hace innecesario el SIGPAC, cuya gestión y aplicación conlleva costes desproporcionados.
- Asegura que los fondos públicos se destinan a quienes más los necesitan, cuando los necesitan de verdad.
- Evita destinar dinero público a quienes no lo necesitan o no hacen lo necesario para recibirlo.
¿Qué desaparece?
Una reforma como esta implica la desaparición de los viejos esquemas de aplicación de la PAC que son los principales responsables de su ineficacia, y entre ellos:
- Los derechos históricos, responsables de las desigualdades y, en parte, de la falta de relevo generacional en el campo.
- La regionalización productiva, consecuencia de los anteriores y, de la misma manera, culpable de las injusticias
- Los pagos por superficie, en función de los cuales perciben más ayudas quienes más renta tienen.
- El desacoplamiento productivo, que permite la ociosidad y la falta de profesionalidad.
